El fraude contra la Seguridad social

Existen tres tipos de conductas que se pueden calificar como delito contra la Seguridad Social: la primera y más común, es eludir el pago de cuotas que se deben a la Seguridad Social; la segunda es obtener indebidamente una devolución de cuotas debidas; y la tercera es el disfrute de forma indebida de deducciones por cualquier concepto.

Para que cualquiera de estas tres conductas sea delito, es necesario que la cuantía defraudada sea superior a 50.000 euros. Este importe se refiere a un período de cuatro años naturales; es decir, que las cuantías defraudadas a lo largo de cuatro años se suman entre sí, y a ese total se le aplicará el límite mínimo de 50.000 euros.

La comisión de un delito contra la Seguridad Social tiene varias consecuencias jurídicas: por un lado, se impondrán al autor de uno a cinco años de prisión; por otro lado, se le impondrá también una multa, que puede ser de hasta seis veces la cuantía defraudada. Y además, perderá la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas, así como de disfrutar de beneficios o incentivos de la Seguridad Social en un plazo de tres a seis años.

Es posible que se haya defraudado una cantidad superior a 50.000 euros (es decir, que se haya cometido un delito), pero que, sin embargo, el autor no sea castigado por su conducta. Para ello, es necesario que el autor haya regularizado su situación.

 

¿Qué es la regularización?

 La regularización es como un “arrepentimiento espontáneo” por parte del autor; supone quedar exento de responsabilidad criminal a pesar de que se haya cometido un fraude a la Seguridad Social. Para lograr este resultado es necesario cumplir dos condiciones:

– En primer lugar, regularizar implica no solo reconocer la deuda que el obligado tiene frente a la Seguridad Social, sino también proceder al completo pago de la misma.

– En segundo lugar, ese reconocimiento y pago ha de realizarse necesariamente antes de que se hubiera notificado al obligado el hecho de que se ha iniciado una actuación inspectora contra él, dirigida a determinar el importe de la deuda que debe a la Seguridad Social. Si la Seguridad Social nunca inició tal procedimiento inspector, entonces es posible regularizar hasta el momento en que se inicie un proceso judicial, por ejemplo porque el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interpongan denuncia o querella.

Una vez el obligado ha regularizado su deuda, el efecto que se produce es que no se le puede perseguir por un delito contra la Seguridad Social, pero tampoco por otros delitos que se hubieran cometido en relación a esa deuda antes de que fuera regularizada, como por ejemplo irregularidades contables u otras falsedades.

 

¿Qué sucede si ya no se está a tiempo de regularizar?

El autor del delito será condenado, pero la pena será considerablemente inferior (hasta uno o dos grados menos) si en un plazo de dos meses desde que se le cite judicialmente como imputado, reconoce los hechos ante el Juez y procede al completo pago de la deuda frente a la Seguridad Social.

 

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