La Orden de Detención Europea se aplica entre los Estados Miembros de la Unión Europea firmantes. Se trata de una decisión judicial, por la cual un Estado Miembro solicita a otro Estado Miembro la detención y entrega de una persona con el fin de que sea juzgada por un delito que conlleve una pena de al menos un año o para cumplir una pena, siempre que sea una pena de prisión superior a 4 meses.

 

Cuando una persona está detenida en base a una orden de detención europea, el Estado de ejecución (el que ejecuta la Orden y envía a la persona) decide sobre la prisión o libertad provisional y sobre la entrega definitiva de la persona. En caso de acordar la detención, debe respetar los derechos establecidos en la ley: informar a la persona detenida del motivo de la detención, del derecho que tiene a ser asistido por un intérprete.

La autoridad de ejecución tiene 3 días para celebrar la vista con las partes presentes y 10 días para pronunciarse sobre la ejecución de la orden de detención europea. Al cabo de este plazo, si no se ha pronunciado, debe poner en libertad a la persona.

Es necesario que la persona otorgue su consentimiento para ser extraditada hacia el Estado emisor de la orden de detención europea, en caso contrario se abre un plazo para recurrir la orden de detención europea. Una vez se da el consentimiento, el Estado de ejecución tiene 10 días para enviar la persona al Estado que la solicita.

El Estado Miembro de Ejecución puede denegar la ejecución de una orden de detención europea, siempre que concurra alguno de los siguientes motivos:

  • que se haya pronunciado otra sentencia definitiva sobre el mismo hecho y sobre la misma persona
  • cuando la persona haya sido indultada en España
  • que la infracción este cubierta por una amnistía en el Estado de ejecución
  • la persona no puede ser considerada responsable por el Estado Miembro de Ejecución debido a su edad.

La orden de detención europea se funda en los siguientes principios:

El principio de reconocimiento mutuo: Este principio significa que las solicitudes de cooperación se tramitan directamente entre las autoridades judiciales, sin intervención del Gobierno.

El principio de especialidad. Este principio prohíbe que una persona entregada por un delito sea juzgada por otro delito. Si el estado de emisión quisiera juzgar a esta persona por otro delito entonces deberá solicitar una nueva Orden de Detención Europea. Si la persona ya se encuentra detenida en España, a la espera de la ejecución de una Orden de Detención Europa, entonces el estado de ejecución tendrá 30 días para decidir sobre esta nueva Orden de Detención y no 60 días. No obstante, la Ley prevé la posibilidad de que el propio interesado renuncie al principio de especialidad, es decir, de que una vez entregado, acede a poder ser juzgado por otros delitos distintos de los que motivaron la emisión de la Orden de Detención Europa.

La Orden de Detención Europa suprime el principio de doble incriminación en algunas circunstancias. Eso significa que se elimina la posibilidad de que el Estado de Ejecución deniegue la entrega de una persona porque los hechos no constituyen un delito en la legislación del estado de emisión. Así, el requisito de la doble incriminación no resulta aplicable cuando se trata de delitos por los cuales el código penal español prevea una pena o una medida de seguridad igual o superior a tres años y también cuando el supuesto delito pueda integrase en determinadas categorías de delitos, como por ejemplo, pertenencia a organización delictiva, terrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes, robo organizado o a mano armada, etc.

Los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional serán competentes para la tramitación inicial del procedimiento y para la adopción de la decisión. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional será competente para resolver los recursos de apelación planteados.